Discutir el Estado. Del Estado del bienestar al Estado neoliberal.

El análisis del Estado benefactor ha sido abordado en diversas posiciones académicas porque hoy su noción es tan compleja como rica en contenido, pero también diferente al modelo original surgido de la crisis del Estado liberal de finales del siglo XIX. Son muchas las disciplinas que han contribuido al esclarecimiento del significado del Estado, todas ellas se han conectado para explicar su contenido específico.

Los dos modelos de Estado que concibió la modernidad han mostrado profundas deficiencias.

Tanto el Estado de bienestar de inicios del siglo XX como el Estado neoliberal de finales de ese mismo siglo viven una crisis con saldos negativos en perjuicio de amplios sectores sociales.

En pleno siglo XXI vivimos en la orfandad teórica. No hay paradigmas teóricos que nos iluminen y guíen para salir de esta crisis. Hay un vacío intelectual, sufrimos la ausencia de ideas que generen modelos alternativos o nos sugieran qué camino seguir en busca de la certidumbre y la estabilidad.

Es cierto que hay innumerables estudios que muestran el fracaso de uno y otro modelo de Estado.

Existen también ensayos que defienden con gran inteligencia la presencia y rescate del Estado de bienestar pero no arrojan elementos suficientes para decirnos cómo hacer que los derechos sociales y servicios regresen a las funciones del Estado.

Sobran también los estudios que desnudan la tiranía económica del modelo neoliberal, así como los efectos perversos que ha generado en amplios sectores de la población.

Su sola presencia ha incrementado el número de pobres y agudizado la desigualdad social.

También contamos con aportaciones sobre lo que algunos llaman Estado  fallido. Todos estos trabajos nos han ilustrado sobre el origen, carácter y efectos  de la crisis social, económica  y  política.

Lo que hace falta es discutir el Estado, entender cómo surgieron estos modelos generados por la  modernidad; cuáles fueron sus momentos de auge y decadencia; qué podemos recuperar de ellos.

En nuestro país, desde hace varios años, se ha polemizado en distintos frentes académicos e intelectuales la transformación del Estado mexicano.

Sin embargo, pese a la creciente cantidad y calidad de ensayos sobre este tema en particular las  distintas  fuerzas políticas y el gobierno federal han evitado discutir abiertamente el asunto del Estado mexicano a pesar de su evidente debilitamiento y de su fracaso en las funciones más básicas de la máxima organización política de la república.

Contrario a lo que sucede en México, el estudio del Estado en Europa es una discusión abierta que rebasa los límites de la academia.

La abundante producción sobre este tema que se ha generado en los últimos años releja la preocupación que los países de esta región tienen sobre el papel que el Estado debe jugar en aquellas naciones.

Ante una crisis económica que prometía ser resuelta por el neoconservadurismo o neoliberalismo, como se le llama en América Latina, la preocupación de los gobiernos como en los medios intelectuales y académicos ha venido en aumento debido al fracaso de este modelo de Estado que surgió a finales de la década de los setenta del siglo XX.

El mundo occidental vive atrapado por los lazos  de  la  frustración: Por un lado presenciamos  el rotundo fracaso neoliberal y,  por el otro, la salud del Estado de bienestar está mermada desde hace décadas.

Ante la pérdida de confianza en ambos modelos de Estado el fantasma del populismo ha empezado a cobrar mayor fuerza como una supuesta alternativa.

En las últimas décadas “la política, el gobierno,  la administración pública, las políticas públicas y el mismo sistema social han cambiado significativamente sus estructuras” (2016: 10);  debemos  discutir, en consecuencia, el Estado, repensar su papel en el nuevo contexto político.

Discutir sobre sus funciones, responsabilidades  y  ámbitos  de  competencia  es imprescindible para construir un Estado del futuro.

Este tema ha despertado un enorme interés en las ciencias sociales, incluso ha llegado a traspasar las barreras académicas para internarse en el ámbito político.

El análisis del Estado benefactor europeo ha sido abordado en diversas posiciones académicas porque hoy la noción que se tiene de él es tan compleja como rica en contenido,  pero  también  diferente al modelo original surgido de la crisis del Estado liberal de finales del siglo XIX.

Difícilmente podrá entenderse su carácter y alcance desde una sola perspectiva. Son muchas las disciplinas que han contribuido al esclarecimiento del significado del Estado benefactor, entre ellas el derecho, la economía, la sociología, la historia, la ciencia política; todas ellas se han conectado para explicar su contenido específico.

De aquí que el repertorio terminológico para denominar esta forma de Estado sea muy variado.

Precisiones y aclaraciones conceptuales.

Se debe advertir que al hacer referencia a este tipo de Estado se puede estar hablando de realidades profundamente diversas y diferenciadas tanto en el espacio como en el tiempo.

Sin embargo, si se adentra uno en su historia y se analizan las diferentes actividades que fue asumiendo en diversas esferas, la expresión Estado de bienestar cobra sentido y significado.

Veamos algunos  ejemplos. Para Gregorio Rodríguez el Estado de bienestar ha sido y es aún: un conjunto de instituciones estratégicas necesarias para  la  regulación  del  mercado,  para  la  reproducción de la fuerza de trabajo, para la gestión de una parte importante de los conflictos sociales y como garantía de la acumulación económica en conjunto.

Discutir el Estado. Del Estado del bienestar al Estado neoliberal.Muñoz de Bustillo, por su parte, afirma que el Estado de bienestar es un conjunto estrechamente vinculado con el pensamiento y la obra de keynesianos y a la ruptura del techo de la intervención pública en la economía, al cual se le define como: conjunto de actuaciones públicas tendientes a garantizar a todo ciudadano de una nación, por el mero hecho de serlo, el acceso a un mínimo de servicios que garanticen su supervivencia (biológica y social).

Lindbeck hace referencia a un conjunto de transferencias públicas, sistemas de seguridad social, subsidios a determinados bienes y servicios de importancia, tales como educación y sanidad.

Cashua establece que es un sistema resultante de la inversión del Estado en gran escala en la vida económica y social, dentro de un marco político libre y democrático en sociedades inicialmente configuradas por un sistema de economía de mercado.

Manuel García Pelayo es más preciso al establecer una diferencia conceptual entre Estado de bienestar y Estado social: el concepto de walfare state se refiere capitalmente a una dimensión de la política estatal, es decir, a las finalidades de bienestar social; es un concepto mensurable en función de la distribución de las cifras del presupuesto destinadas a los servicios sociales (…).

En cambio el concepto de Estado social incluye no sólo los aspectos del bienestar, aunque estos sean uno de sus componentes capitales, sino también a los problemas generales del sistema estatal de nuestro tiempo (1993:14).

En la construcción conceptual del Estado hay coincidencias y contradicciones. Basta mencionar como ejemplo que en algunos casos el concepto de Estado de bienestar expresa respuestas de policy al proceso de modernización, consistentes en intervenciones públicas en el funcionamiento de la economía, las cuales se orientan a promover la seguridad e igualdad de los ciudadanos introduciendo, entre otras cosas, derechos sociales específicos.

En una perspectiva más específica se considera que la esencia del Estado de bienestar es la protección gubernamental de estándares mínimos de renta, alimentación salud y seguridad física, instrucción y vivienda, garantizada a cualquier ciudadano como derecho político.

De las anteriores interpretaciones hay dos conceptos que sobresalen y que es importante comentar al respecto: el Estado como regulador y el Estado como benefactor.

Para aclarar este problema conceptual es necesario partir del principio de que el Estado moderno, desde su fundación, siempre ha tenido presencia en asuntos relacionados con la economía.

Si bien es cierto que su protagonismo ha variado con el tiempo, según los periodos históricos, es un hecho que la actuación directa del Estado ha sido de gran importancia en todo proceso de desarrollo comercial (mercantilismo) e industrial (capitalismo). Su presencia es necesaria y está de más justiciarla.

Un segundo elemento a considerar es que el Estado, por su naturaleza, se ve inmerso en una serie de condicionantes que lo orientan hacia la toma de una acción determinada al interior de la propia lógica estatal: acciones económicas que se producen en medio de la negociación, conciliación, concertación social y preservación de su fuerza.

Bajo las dos premisas desarrolladas se puede definir la rectoría del Estado como gran promotora de la economía en cuanto impulsa el desarrollo nacional. La rectoría económica se manifiesta en el momento en que el Estado orienta, ordena, dirige, coordina, fomenta y regula el desarrollo económico.Discutir el Estado. Del Estado del bienestar al Estado neoliberal.

Para ello se vale de instituciones que tienen definido su papel o, en su caso, las crea; también se establecen leyes, reglamentos, sanciones, que obliguen a su cumplimiento y que son parte de las funciones y facultades que el Estado tiene en materia económica.

Sin embargo para algunos especialistas la rectoría del Estado es vista como un conjunto de fines sociales que tienden a beneficiar a importantes grupos sociales de un país, como un Estado benefactor; es un  fenómeno  propio  de  la  posguerra.

Es un periodo donde el Estado establece el compromiso con la sociedad de otorgarle una serie de servicios de asistencia social, como educación, salud, vivienda, seguro al desempleo, subsidios a productos básicos, pero que para satisfacer estos servicios se ve en la necesidad de participar directamente en la economía. Su función es doble: regular la economía nacional y ser partícipe directo en ella.

Ahora  bien, es importante hacer una aclaración más. En términos  conceptuales  y en la práctica, la rectoría y la intervención son dos fenómenos distintos: la primera regula, ordena y dicta políticas; la segunda participa, interviene e invierte en el proceso económico.

No obstante que la rectoría puede asumir también características intervencionistas, el Estado rector puede intervenir en políticas de beneficio social (salud, educación y trabajo, entre otras) en lo estratégico y, eventualmente, en lo prioritario.

A pesar de estas características un Estado rector no necesariamente es, en consecuencia, interventor.

Por último, la rectoría y la intervención del Estado son dos conceptos distintos que aunque pueden parecer relacionados no deben ser pensados como iguales.

Lamentablemente la mayoría de quienes se ocupan de este tema caen en ese grave error.

Antecedentes y orígenes del Estado de bienestar.

El Estado benefactor está marcado desde sus orígenes por la historicidad. La conceptualización de este organismo político admite formulaciones por lo general discrepantes en el tiempo y en el  espacio, además porque se trata de un fenómeno cambiante, susceptible a constantes ampliaciones o recortes según las características imperantes.

La construcción del Estado de bienestar responde a determinados  procesos  históricos  en  cada  país, en los que han intervenido un conjunto complejo de variables,  formas de representación y movilización política, así como procesos de desarrollo económico  (Manuel Pérez: 1997, 133).

Por eso se sugiere no asimilar al Estado (en especial al benefactor) bajo una visión puramente estática, sin que esto signifique que el Estado de bienestar resulte, para su estudio, inaprensible.

Por el contrario, como se verá más adelante, en medio de discrepancias conceptuales es posible ijar con cierta claridad su origen y significado.

Por lo general cuando se hace referencia al Estado benefactor se sugiere remitirse a la crisis del Estado liberal económico de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.

Como asevera Norberto Bobbio: El liberalismo es una doctrina del Estado limitado tanto a sus  poderes como a sus funciones. La noción común que sirve para representar el primero es el estado de derecho;  la noción común para representar al primero es el estado mínimo (1994:17).

El Estado liberal, para Adam Smith, debía, entre sus funciones principales, proteger a la sociedad de la violencia y la invasión de otras sociedades; proteger a los miembros de la sociedad de las injusticias y opresiones de cualquier componente de ella; establecer y sostener aquellas instituciones y obras públicas.

El paso del Estado liberal al Estado de bienestar en la Europa occidental no sucede en el mismo tiempo ni de la misma forma, por el contrario, la peculiaridad de los procesos económicos, políticos y sociales de cada país ha dado lugar a importantes diferencias en la forma en que se surgió esta forma de organización política.

Lorenzo Cachón retoma una periodización propuesta por Heclos sobre la evolución histórica  del  Estado de bienestar desde una perspectiva  multidimensional en tres fases: experimentación, que comprende los años 1870-1929; consolidación,  que va de 1930 a la Segunda Guerra Mundial, y expansión, hasta los años setenta del siglo XX.

El mismo Lorenzo Cachón (2004: 189) afirma que las primeras nociones que surgen son État   providence,  Wohlfahrstaat,  Sozialstaat,  Welfare State, Estado social o Estado de bien estar.

El origen histórico de estas expresiones, señala el autor, es diverso ya que varía según el país.  Por  ejemplo, entre los liberales franceses aparece hacia  1860 el término État  providence ya que para ellos el Estado debe erigirse en una forma de providencia.

Los socialistas alemanes en  1870  emplearon  las  palabras  Wohlfahrstaat  y  Sozialstaat  para  identificar  las  reformas  de Bismark en los años 1880. La expresión Welfare State se usó con insistencia durante la Segunda Guerra Mundial.

Otro punto de origen es el proceso de consolidación de la llamada democracia occidental (europea) después de la derrota del fascismo en algunos países como Alemania e Italia.

Un elemento más, y el que mayor polémica ha generado entre los especialistas, es la forma en que el Estado interviene en asuntos económicos y la vinculación teórica que se le da con uno de los liberales más lúcidos  del  siglo  XX:  John  M.  Keynes.

Sobre  este último punto Luis Cervantes Jáuregui afirma que el propio Keynes reconoció que él no había descubierto la idea del intervencionismo estatal, tanto Bantham como el socialismo de estado la habían postulado mucho antes.

Sin embargo la forma como estaba planteada correspondía a teorías y situaciones propias de un siglo atrás. Keynes logró formular la cuestión de acuerdo con los requerimientos de su tiempo, esto es, no como una filosofía social humanitaria o eudomonista sino  como  una  teoría;  no  como  un  llamado  a  la  conmiseración  o  a  la  sublevación  sino  como una opinión de experto cuyos motivos se pueden discutir pero cuyas razones se deben escuchar.

Más adelante regresaré sobre el paradigma keynesiano y su vinculación con el Estado benefactor.

John K. Gallbraith airma que el país precursor del Estado de bienestar fue la Alemania de  Otto  Von  Bismark: entre los años de 1884 y 1887 se establecieron diversas leyes cuyo objetivo fue  otorgar una mínima protección a la población más desvalida por medio del establecimiento de seguros de accidentes, enfermedades, vejez e invalidez.

Posteriormente, en Inglaterra en 1911  se establecieron leyes que dieron origen a la creación de seguros de enfermedad e invalidez, tiempo después se dio el seguro de desempleo.

Sería hasta los años 30 cuando en Suecia, a  la  luz  de  la  primera  crisis  económica  del  siglo  XX,  se  contemplaron  desde  el  Estado  los correctivos para la economía utilizando el presupuesto estatal para apoyar la demanda y el empleo junto con un sistema de seguridad social.

Todo esto se produjo, según Gallbraith, antes de Keynes y de las políticas que luego se aplicaron en Estados Unidos en la época de Roosevetl para enfrentar los trastornos generados por la gran depresión.

Sin embargo, según Alfonso Ojeda Marín, los  antecedentes  más  remotos  de  este  tipo  de  Estado datan de 1601, con la legislación inglesa de los pobres: La Iglesia venía ocupándose de los pobres hasta sufrir el despojo de sus monasterios.

Entonces  la  Corona se subrogó el papel asistencial de la Iglesia mediante la ley Tudor de los pobres, que garantizaba un ingreso mínimo a través de impuestos municipales (p. 31).

En  términos  generales,  este  autor  coincide  con  Gallbraith respecto al caso de Alemania ya que también afirma que el primer Estado moderno que introdujo en forma general un conjunto de medidas eniladas a la política de bienestar fue el imperio alemán bajo el mandato de Otto von Bismark, el cual preconiza a partir de 1880 una reforma iscal al tiempo que ofrece al trabajador seguros contra accidentes, enfermedad y vejez.

El legado social del canciller comprende un conjunto de leyes de seguro de enfermedad y maternidad en 1883, la ley sobre accidentes de trabajo en 1884 y la ley reguladora del seguro de enfermedad, jubilación y defunción en 1889.

Años más tarde el Reino Unido hizo efectivo un conjunto de medidas que buscaron como in proteger a ciudadanos que vivían en situaciones de pobreza.

En este contexto se ubica la Old Age Pensión AcT  de  1908, que otorgaba a los mayores  de  setenta  años  y  con  poca  capacidad  económica  una  pensión  anual.

Posteriormente, en 1911, apareció la Nacional Insuarence  AcT,  ley que perseguía dos objetivos básicos: Suministro gratuito de asistencia sanitaria a todo asalariado  que  padeciera  enfermedad  y  prestación  de lo que hoy se conoce como seguro al desempleo, beneficio que recibían todos aquellos que habían desarrollado alguna tarea laboral y se encontraban temporalmente sin empleo.

La última etapa que corresponde a los orígenes del Estado benefactor fue, como bien se sabe, resultado de la gran depresión de 1929 que obligó a los Estados de las economías capitalistas avanzadas a una visible intervención pública.

Sin embargo no son pocos los que ligan directamente al “Crac del 29” con Keynes. En realidad este liberal de principios de siglo XX fue protagonista de la discusión sobre los motivos que originaron la crisis mundial, pero la teoría con la que se le identifica como fundador del Estado benefactor empezó a presentarse hasta 1933 o 34.

Es hasta el año de 1936 cuando aparece su obra fundamental con el título: The General Theory of Employment, Interest and Money.

No es objetivo de este trabajo introducirse en el terreno pantanoso en que muchos investigadores de las ciencias sociales y económicas han caído sobre la interpretación de la obra de Keynes,  son  ya bastantes los detractores y defensores a su alrededor.

Considero que es más importante insistir en que si bien él no descubrió la idea del intervencionismo estatal fue el único que logró formular una teoría de acuerdo con las exigencias de su tiempo.

El debate que actualmente se mantiene en varios países europeos sobre la redefinición del Estado benefactor parte del principio de distinguir las limitaciones y las ambigüedades de la “solución” propuesta por este pensador.

Resulta en todo caso más importante mencionar que en Europa la transición del Estado liberal al Estado benefactor se inicia, como se ha señalado arriba, años antes de la crisis de 1929, para consolidarse durante los años de posguerra a través de un progreso gradual y la mayoría de las veces en forma pacífica.

La conformación del Estado de bienestar transitó de una figura difusa con rostro predominantemente social a una estructura bien definida y ubicada en un contexto político social.

Ahora bien, la mayoría de los autores que han estudiado este modelo institucional coinciden en señalar que el Estado benefactor europeo es resultado de dos procesos que desde su origen coexisten como elementos de la estructura misma de este modelo estatal.

Bajo la advertencia de que generalizar sobre este tipo de Estado es por supuesto una actividad arriesgada (puesto  que), no hay un significado preciso que podamos dar al término Estado de bienestar.

Bobbio, por ejemplo, afirma que en Europa este modelo de organización es resultado de dos procesos: a) La crisis del Estado liberal del siglo XIX, que se pone de manifiesto en el ámbito económico en 1929, y b) es producto de consolidación democrática  en  los  países  de  la  Europa  Occidental.

Dicho de otra manera: como consecuencia del proceso de democratización y de la creciente influencia de las masas en la vida pública, el antiguo Estado liberal se transformó en Estado benefactor.

Después de cumplir solamente tareas de protección y vigilancia, el Estado pasó a ser intervencionista (1996:128).

La gran depresión de los treinta generó un cambio radical en la consideración del papel del Estado como agente económico al asumir la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos  necesarios para asegurar el pleno  empleo.

El gasto público se convierte en el mecanismo más adecuado para compensar las variaciones no deseadas del nivel de actividad productiva inherentes al sistema capitalista (Rafael Bustillos).

Así los cuatro grandes apartados de gasto social en los que se materializa la política de bienestar: educación,  sanidad,  vivienda, pensiones y seguros de empleo responden a necesidades creadas por el cambio que supone la consolidación del capitalismo industrial después de su gran crisis económica.

Discutir el Estado. Del Estado del bienestar al Estado neoliberal.Ramesh Mishra, por su parte, resalta de manera muy puntual que el Estado benefactor es resultado de un proceso de maduración de las democracias europeas como la Gran Bretaña. Define la estructura de Estado como:

  1. La intervención estatal en la economía para mantener el pleno empleo o, al menos, garantizar un alto nivel de ocupación.
  2. Provisión pública de una serie de servicios sociales universales, incluyendo transferencias para cubrir las necesidades humanas básicas de los ciudadanos en una sociedad compleja y cambiante.
  3. Responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, entendido como un derecho social, es decir, no como caridad pública para una minoría sino como un problema de responsabilidad colectiva hacia todos los ciudadanos de una sociedad nacional moderna y democrática.

Todas  las  ideas  e  instituciones  que  se  crearon  para  cumplir  con tales tareas de asistencia se basaron en la tesis de que el gobierno podía y debía tratar de alcanzar estos objetivos dentro del marco de la democracia capitalista. Desde esta perspectiva teórica, histórica y conceptual podemos decir que el Estado de bienestar parecía ofrecer una atractiva y efectiva vía intermediaria entre el capitalismo liberal y el socialismo burocrático de Estado.

Hasta aquí podemos concluir que el origen del Estado de bienestar en Europa occidental es resultado de los siguientes factores:

  1. Nace lentamente como respuesta a la crisis del Estado liberal del siglo XIX.
  2. Responde a los desequilibrios sociales generados por el desarrollo de este tipo de Estado, como el desempleo, la falta de seguridad social, la protección a la población en estado de vejez y en atención a los pobres.
  3. Ya en el siglo XX la democracia se vuelve un factor fundamental para su condición de Estado benefactor.
  4. La lucha de los sindicatos y de la sociedad civil también se convierten en impulsores activos para el fortalecimiento de este tipo de Estado a través de las demandas que generan.
  5. La lucha de la sociedad y los diversos grupos que la integran para pasar de un Estado con acciones caritativas a un sistema de protección gubernamental como derechos políticos.

Crisis económica y política en el Estado de bienestar

Un punto de referencia que tienen en común los teóricos de la gobernabilidad es la crisis del Estado de bienestar en el mundo occidental  a  mediados  de  los  años  setenta,  ligada  a  la  democracia.

Manuel  Castell  (1997: 180) identifica tres causas principales que generaron  lo que llama crisis estructural  multidimensional y diversificada del Estado de bienestar:

  1. Crisis presupuestaria de las finanzas públicas, derivada de la distancia creciente entre la capacidad contributiva y las obligaciones retributivas del sistema.
  2. Crisis de competitividad económica, como consecuencia del surgimiento de la economía global que obliga a cambiar la estructura de las empresas.
  3. Crisis de legitimidad, derivada de la pérdida de apoyo social y político al Estado de bienestar y del debilitamiento de los sindicatos y partidos políticos que defendían las instituciones de protección social.

En un texto de reciente publicación Zygmunt Bauman resume las características de la crisis del Estado de bienestar:

En la década de 1970, sin embargo, ese avance se detuvo en seco, frenado por un desempleo en franco aumento, una inflación aparentemente incontrolable y la cada vez más notoria incapacidad de los Estados para cumplir con su promesa de proteger a su ciudadanía con un seguro integral contra  la  adversidad.

Poco  a  poco,  los  Estados  fueron poniendo de manifiesto su incapacidad para cumplir sus viejas promesas; poco a poco, aunque de manera  imparable al parecer, comenzaron a desgastarse la fe y la confianza en la potencia del Estado (…)

En la percepción popular de las cosas el Estado fue degradándose desde la categoría de motor más poderoso de bienestar universal a la de obstáculo más detestable, pérfido y molesto para el progreso económico (2016: 20).

Mitos y realidades de la muerte del Estado de bienestar.

Mucho se ha hablado sobre el fracaso y desaparición del Estado de bienestar pero poco se ha explorado en nuestro país sobre su sobrevivencia y situación actual, particularmente en Europa. La agitada oleada neoliberal que ingresó a nuestro país generó un debate más de carácter ideológico que desde el ámbito racional.

A diferencia de Europa, en especial los españoles, en México y gran parte de América Latina el debate sobre el Estado (en general, sin ningún caliicativo) estuvo ausente por muchos años, como lo sustenta Lechner. Esta ola de excesos ideológicos generó la creencia de que el Estado de bienestar había  desaparecido  y  que  la  hegemonía  del  llamado “neoliberalismo” era total.

Sin embrago, como apunta Tony Judt en su extraordinario ensayo “Algo va Mal” (2010: 21): El Estado de bienestar no ha perdido ni un ápice de popularidad entre sus beneficiarios; en ningún país de Europa ha votado el electorado a favor de acabar con la salud pública y la educación gratuita o subvencionada, o de reducir la provisión pública de transporte y otros servicios esenciales.

En efecto, tal como lo menciona este escritor inglés, el Estado de bienestar sigue siendo uno de  los  temas  centrales  en  la  agenda  política  de  Europa. Basta mencionar dos ejemplos: El primero de ellos es el de Gosta Esping-Andersen y Bruno Palier (2010), quienes reflexionan sobre lo que consideran los tres grandes retos del Estado  de  bienestar en el siglo XXI: favorecer el empleo de las mujeres y la igualdad entre las mujeres y los hombres como condición crucial para  el  desarrollo  de  los  servicios  sociales;  garantizar realmente la igualdad de oportunidades de los niños, y hacer prevalecer el principio de la igualdad de las pensiones.

El segundo ejemplo se refiere a una reflexión realizada años antes por Manuel Castell (1997) sobre las líneas futuras de la acción social del Estado de bienestar bajo un contexto entrelazado por tres fenómenos: la nueva hegemonía de las llamadas nuevas tecnologías de la información, la formación de una economía global y un profundo cambio organizativo caracterizado por la descentralización y flexibilidad de los procesos.

En el balance que realiza Castell concluye que el Estado de bienestar, además de contribuir a la paz social; el incremento de la renta disponible que generó una mayor capacidad en el consumo;  las  cuantiosas inversiones  públicas en infraestructura de servicios sociales y bienes colectivos (hospitales  viviendas,  escuelas,  centros  culturales), hizo, por encima de todos estos logros, que en la práctica las personas se sintieran individuos con futuro y, ante todo, ciudadanos con derechos realizables.

Este balance hace pensar como imposible que pudiera cuestionarse la vigencia, continuidad y el futuro del Estado de bienestar.

Esto no significa que hoy no se tenga que discutir sobre sus contradicciones y deficiencias visibles y debatir  abiertamente con los promotores del neoliberalismo.

Un dato al que se le deberá dar mayor importancia es el que Castell menciona para desmitificar la “muerte del Estado de bienestar” y demostrar que el efecto de las medidas neoliberales han sido limitados en los sistemas de protección social: de 1970 a 1991 las sociedades europeas, pese a la crisis económica, siguen incrementando el gasto social en proporción al PIB.

Y aunque el discurso neoliberal no con siguió en el corto plazo un recorte sustancial de las prestaciones sociales, sí cumplió con su objetivo de deslegitimar las instituciones del Estado de bienestar e inducir a los gobiernos  a impulsar  reformas estructurales que llevaron a privatizar parte de las prestaciones y reducir en cantidad y calidad las prestaciones públicas.

Pero de comprender esas acciones a afirmar un desmantelamiento del Estado de bienestar están constituidos los mitos generados por los promotores del discurso neoliberal.

Una tercera representación que muestra que el Estado de bienestar sigue siendo objeto de estudio entre los científicos sociales es el trabajo de Manuel Castell publicado en el año 2002 con el título

El Estado de bienestar y la sociedad de la información, en el que analiza el modelo inlandés. El autor destaca el esquema práctico de funcionamiento de este modelo de Estado en un contexto lleno de contradicciones  relacionadas con el aumento de la injusticia y la exclusión  que caracteriza a la era de la sociedad de la información.

El Estado de bienestar presenta tres grandes rasgos; el primero de ellos es de carácter eminentemente social,  dirigido a la promoción de la igualdad social. Sus tres principales componentes han sido la educación gratuita, servicios sanitarios muy baratos y la protección social mediante transferencias en renta.

En el caso de la educación, esta contempla libros de texto y comedores gratuitos, además todos los estudiantes universitarios perciben una beca de estudios.

En cuanto a los servicios sanitarios, la gran mayoría de los centros otorgan servicio gratuito, los medicamentos  están  subvencionados y los hospitales dan servicio con precios muy bajos.

Y respecto a la protección social, esta comprende seguro de jubilación, de enfermedad, incapacidad,  desempleo,  subvenciones por hijos y complemento de la renta.

El segundo rasgo tiene que ver con la clave del sistema de protección: se distingue por su universalidad; significa que el derecho al sistema de bienestar social se basa en la ciudadanía, por lo que el nivel de beneficios sociales que tiene derecho a percibir una persona no depende fundamentalmente de su renta.

Discutir el Estado. Del Estado del bienestar al Estado neoliberal.El tercer rasgo característico de este Estado de bienestar inlandés es la naturaleza pública del sistema en conjunto: el sector público es el proveedor de la mayoría de los servicios de bienestar social.

Es un modelo calificado entre los especialistas, entre ellos Manuel Castell, como Estado de bienestar institucional y socialdemócrata.  Aun con estas muestras de que el Estado de bienestar sigue siendo una alternativa para el desarrollo de las naciones, lo cierto es que el debate fue ganado por una fuerte oleada crítica que dio por muerto este tipo de Estado para entregarle la comienza al mercado y trasladarle a él las funciones que venía cumpliendo el Estado.

La euforia que ocasionó en muchos el retorno del liberalismo económico generó una especie de ceguera social e intelectual que impedía mirar qué tan cerca estábamos del abismo, del fracaso.

Someter las funciones sociales del Estado al mercado ocasionó que la educación, la salud, la protección social, el servicio público y la seguridad se manejen mediante esquemas de empresas privadas.

Dicho en palabras de Carlo Bordoni: el neoliberalismo elimina la responsabilidad del Estado, lo hace renunciar a sus prerrogativas tradicionales e impulsa la paulatina privatización de estas.

Tuvieron que pasar por lo menos  un par de décadas para que el mundo se diera cuenta de que el retorno del liberalismo económico sin barreras se había convertido en una espacie de tiranía económica dejando a su paso millones de damnificados.

Los destrozos que ha dejado son incuantificables: crecimiento acelerado de la pobreza, profundización de la desigualdad social, altas tasas de desempleo.

Zygmunt Bauman describe de la siguiente manera esta desgracia humana: Cuando esto sucedió finalmente, la burbuja estalló y las resplandecientes fatas morganas de la opulencia en ascensión perpetua se desvanecieron bajo un cielo cubierto con los oscuros nubarrones del desempleo de larga duración, las quiebras, el pago y la renegociación infinitas de la deuda, las caídas drásticas en el nivel de vida, la rebaja de las aspiraciones vitales y la degradación social de una clase media otrora segura, bulliciosa y con aspiraciones de ascenso social, a la categoría de un perplejo, indefenso y amedrentado precariado (2016: 22).

El evidente fracaso del neoliberalismo ha llevado a los especialistas  a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el Estado, situación que nos lleva a pensar qué tipo de Estado es el que necesitamos para una nueva sociedad y ante el contexto de la globalización, ya que el Estado actual no es el Estado de principios del siglo XX.

Actualmente el Estado carece de los medios, el poder y los recursos que tenía en 1929 y que en aquel momento le permitieron rescatar el mercado y consolidar el capitalismo.

La tarea es realmente muy complicada, la realidad política, social y económica del presente dista mucho de parecerse a la de aquellos años en  que  surgió  la  crisis  de  1929.

Los esquemas teóricos construidos en aquel tiempo fueron elaborados para explicar aquellos momentos históricos;  este enramado conceptual, sin embargo, hoy es insuficiente para explicar y generar alternativas a la crisis del Estado tanto de bienestar como el neoliberal.

El evidente fracaso del neoliberalismo ha llevado a los especialistas a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer el Estado, situación que nos lleva a pensar qué tipo de Estado es el que necesitamos para una nueva sociedad y ante el contexto de la globalización.

Lo cierto es que queda comprobado,  una vez más, que el mercado,  lejos de contribuir a resolver la desigualdad la profundizó. Ante esta situación el Estado de bienestar se ha convertido en algo necesario.

Más allá de las disputas partidistas de izquierda o derecha, en ningún país de Europa el electorado vota en contra de la salud pública y la educación gratuita o subvencionada, o por desaparecer algunos servicios esenciales.

El mito de la desaparición del Estado de bienestar fue resultado de la falta de información de sus críticos latinoamericanos y de los excesos de los promotores del neoliberalismo.

Principales interpretaciones sobre las causas de la crisis del Estado de bienestar y la gobernabilidad

Aunque los enfoques son distintos existen coincidencias en cuanto a los factores que originaron la crisis del capitalismo en esta década.

Una de las posiciones más relevantes es la que en su momento construyeron Huntington, Michel Crozier y Watanuki al concluir el Informe de la Comisión Tripartita, en el que hicieron los siguientes señalamientos: El documento menciona que la crisis no se localizaba en el Estado sino en el gobierno, en la forma de gobernar.

El recuento elaborado por estos pensadores sostiene que los niveles de inflación, el incremento en el desempleo y la creciente insatisfacción de las demandas de la sociedad por parte del gobierno es resultado, entre otras razones, de su ilimitado crecimiento.

Sin embargo la crítica al gobierno no se reduce sólo a la dificultad, cada vez mayor, que este tenía para satisfacer eficientemente las demandas de la sociedad, ni a la crisis fiscal en la que estaba sumido. Para Crozier, como para Huntington, el problema es que las democracias a inicios de la década de los ochenta eran ya ingobernables, estaban en riesgo.

De acuerdo con esta posición los retos que hoy encaran los gobiernos democráticos son producto de las políticas de bienestar aplicadas por más de dos décadas.

El documento que lleva el nombre explícito es la referencia más puntual sobre el origen conceptual, ya que se denominó Informe sobre la Gobernabilidad de las Democracias, el cual fue dirigido al entonces llamado Comité Ejecutivo de la Comisión Trilateral.

Se divide en cuatro apartados que bien vale la pena mencionar, aunque en forma breve, por la relevancia que hoy ha tomado el propio tema de la gobernabilidad y la democracia.

En el primer apartado se hace referencia al “contexto cambiante del gobierno”. El diagnóstico acepta que las demandas al gobierno han aumentado como resultado de una participación política ampliada, esto es, la sociedad no sólo demanda, además vigila y exige que el poder estatal sea eficiente, situación que obliga al gobierno a ser más cuidadoso con el manejo de los recursos públicos.

De aquí la necesidad de introducir el uso de las políticas públicas. El segundo apartado se refiere al consenso sin  propósito  de  la  democracia  anímica. El informe externa que la insatisfacción y la falta de confianza en el funcionamiento de las instituciones del gobierno democrático se habían extendido a los países trilaterales.

Esta pérdida de confianza es resultado de la ausencia de un proyecto distinto, alternativo. Lo que hace falta a las instituciones democráticas, refiere el informe, no es el consenso sobre las reglas del juego sino  el  sentido  del  propósito del juego que se debe alcanzar.

Una tercera crítica, quizás la más severa, es la que se conoce como disfunciones de la democracia, la cual plantea que la operación exitosa del  gobierno democrático ha dado lugar a tendencias que impiden su correcto funcionamiento.

Esto se traduce en la pérdida de credibilidad de la misma democracia, lo que da lugar a una crisis general de credibilidad que se resume en cuatro aspectos:

  1. La búsqueda de las libertades democráticas de igualdad e individualismo han causado falta de legitimidad de la autoridad general y la pérdida de confianza en el gobierno.
  2. La participación ciudadana se ha expandido y en consecuencia se ha creado una “sobrecarga en el gobierno” y una expansión desbalanceada de las actividades del gobierno, queriendo abarcar cada vez más en las esferas económica, política y social.
  3. La competencia política, característica esencial de la democracia, se ha intensificado ocasionando una disgregación de intereses y una fragmentación de los partidos políticos, que se traducen en un desencanto de la sociedad.
  4. Las respuestas del gobierno al electorado y a las presiones sociales han originado un provincialismo nacionalista.

Otro rasgo de la ingobernabilidad en las sociedades democráticas es el que se manifiesta por el desafío con que la sociedad enfrenta a la autoridad. Sin embargo, para la Comisión Tripartita la gobernabilidad de una sociedad en el ámbito nacional depende de la medida en que se gobierne con eficacia el nivel subnacional, regional, local. Si las autoridades menores enfrentan problemas de desorganización, de pérdida de confianza, de falta de eficacia en las respuestas a los grupos sociales, la política nacional se verá afectada.

De allí el debilitamiento de la autoridad del gobierno. Una característica más de la crisis de gobernabilidad, quizás  la  más  importante, es la que se ha denominado como “sobrecarga del gobierno”.

La crítica se establece en relación con los males del sistema económico como factor principal de los desequilibrios: incremento en la inflación, desempleo, crisis iscal del Estado y el endeudamiento.

Llama la atención la forma en que el Informe Trilateral manejó la relación entre las demandas sociales y el modelo democrático con el sistema económico, en particular la inflación.

Esta última es resultado de la debilidad del gobierno debido a que en la democracia prevalece la idea de que este debe satisfacer las necesidades y corregir los males que afectan a grupos particulares de la sociedad.

Frente a los reclamos sociales resulta difícil que los gobiernos democráticos reduzcan sus  gastos, aumenten los impuestos y controlen precios y salarios.

Sin embargo en el caso latinoamericano el Consenso de Washington fue lo que recomendó a los países en vías de desarrollo. En este sentido la inflación es la enfermedad económica de las democracias.

El cuarto aspecto es el que se refiere a las variaciones entre regiones. Consiste en que las diferentes culturas  y  tradiciones  políticas  de  los  distintos  países  hacen que cada problema relacionado con lo gobernable de la democracia se manifieste en diferentes formas y que, por lo tanto, tenga que ser tratado por distintos medios.

En conclusión, el diagnóstico elaborado por Crozier, Huntington y Watanuki plantea la existencia de cuatro  tendencias que generaron disfunciones en el sistema democrático; se refieren a la deslegitimación de la autoridad y a la pérdida de confianza en el liderazgo como consecuencia de la persecución de las virtudes democráticas de la igualdad y del individualismo; a la sobrecarga del gobierno debido a la expansión de la participación política y al desarrollo de las actividades gubernamentales; a la desagregación de intereses como consecuencias de la intensificación de las competencias políticas que ha conducido a fragmentar a los partidos políticos,  y  al  incremento del parroquialismo nacionalista en la política exterior, dadas las presiones ejercidas por la sociedad.

En la arena política los partidos políticos, desde la Segunda Guerra Mundial, han tratado de solicitar el apoyo de los electores prometiéndoles cada vez más beneficios y servicios, pero una vez elegidos han sido incapaces de suministrarlos porque el gasto programable rebasa al presupuesto de ingresos.

Bajo esta dinámica, arguye esta teoría, los votantes se hacen escépticos sobre las demandas realizadas por los gobiernos y los partidos políticos. Es precisamente en este contexto que se explica el auge político de la nueva posición que plantea recortar el Estado y favorecer a las empresas privadas.

Esta posición ha sido considerada por sus críticos como una versión pesimista sobre el futuro de la democracia y se le liga a la corriente de economistas llamados neoliberales, que hacen una severa crítica al Estado de bienestar “porque reduce al ciudadano libre a súbdito protegido; en una palabra, contra las nuevas formas de paternalismo” y sugieren el regreso al esquema “original” del liberalismo, entendido como un Estado limitado y mínimo.

Una segunda interpretación sobre la crisis del Estado de bienestar es la denominada neomarxista, encabezada por Jünger Habermas y Claus Offe; corriente que plantea que la ingobernabilidad es el producto de conjunto de una crisis de gestión administrativa del sistema y de una crisis de apoyo político de los ciudadanos a las autoridades, a los gobiernos. En su formulación más compleja, la ingobernabilidad es la suma de una crisis de entradas y de salidas.

Según Habermas, la  crisis  de  salida  tiene  forma  de  crisis  de  racionalidad:  el  sistema  administrativo no logra hacer compatibles o manejar los mecanismos de control que exige el sistema económico. La crisis de entrada tiene forma de crisis de legitimidad: el sistema legitimatorio no logra mantener el nivel necesario de lealtad de las masas al actuar los mecanismos de control que le exige el sistema económico.

De acuerdo con Habermas y Offe, el punto de partida de la teoría de la crisis de legitimidad es que los gobiernos modernos, en conjunto, encuentran cada vez más dificultades para generar recursos que les permitan realizar eficientemente sus tareas prescritas.

La intervención del Estado en la vida económica y la provisión de recursos de bienestar son imprescindibles para mantener estable la economía; sin embargo, cuando una sociedad depende extensamente de bienes y servicios generados por la producción capitalista privada la vida económica tiende a ser fluctuante e incierta.

Los gobiernos tienen que proporcionar muchos servicios que las compañías privadas son remisas a financiar porque son insuficientemente lucrativas.

Mientras el Estado contrae cada vez más tareas encuentra, al mismo tiempo, mayor resistencia a suministrar los ingresos suficientes para hacerlo porque los impuestos deben  recaudarse  entre  los  ciudadanos  y  las  empresas  privadas.

Los gobiernos no pueden afrontar adecuadamente estas demandas contradictorias. En opinión de Gianfranco Pasquino la debilidad principal de los argumentos de las dos primeras posiciones radica en la falta de integración, en el plano analítico, de dos componentes fundamentales: capacidad y recursos de gobiernos y gobernantes, por un lado, y demandas, apoyo y recursos de los ciudadanos y grupos sociales, por el otro.

En este sentido son procesos en curso, relaciones complejas entre los componentes de un sistema político. Bobbio, por su parte, alude a los antecedentes históricos y señala que el capitalismo no es la primera ocasión que se enfrenta a una situación de este tipo: crisis iscales de los Estados; falta de institucionalización de las organizaciones y procesos políticos; colapso de los aparatos administrativos y falta de legitimidad de las estructuras políticas se han producido en todo tiempo y lugar.

Una tercera posición es la que conciben Xavier Arbós y Salvador Giner, quienes definen la gobernabilidad como la cualidad propia de una comunidad política según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio de un modo considerado legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del poder ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo.

Para estos autores la gobernabilidad es un fenómeno pluridimensional porque incorpora por lo menos dos elementos: la legitimidad política, por una parte, y la eficacia, por otra.

Para Lechner la gobernabilidad resulta complicada porque una vez que el mercado se impuso como organizador estructural de la sociedad el Estado pierde  fuerza  en  su  tarea  de  coordinar  y  regular a la sociedad. Para decirlo en palabras del propio autor: “la política deja de ser la instancia máxima de coordinación y regulación social”.

En resumen, de acuerdo con estas cuatro versiones las crisis de gobernabilidad se prestan a múltiples interpretaciones, entre las cuales dos son las más relevantes: se trata de la compresión de la crisis de gobernabilidad como incapacidad de los gobernantes insertos en las “condiciones contradictorias de los sistemas capitalistas” y, en segundo término, como consecuencia de las demandas “excesivas” de los ciudadanos.

En este contexto surge como falsa alternativa la antipolítica, la cual se convierte en terreno fértil para sembrar el populismo, peligroso fenómeno que adquiere cada vez mayor simpatizantes. Esto, sin embargo, como señala Carlo Bordoni: Suele ser el preludio de regímenes tiránicos y autoritarios, como la historia reciente nos ha demostrado.

Comienza con un rechazo de la política (la política es algo sucio) y, a través de la exaltación de figuras carismáticas, capaces de atraer la atención y el cariño de las masas, termina justiciando la dictadura del hombre fuerte, el único que puede asumir la hercúlea labor de corregir las cosas. Siempre hay un hombre providencial dispuesto a intervenir cuando la relación entre el Estado y los ciudadanos está suficientemente deteriorada (2016: 27).

Es evidente que la actual realidad global y local cambiante ha rebasado los diferentes paradigmas teóricos. Muchas son las preguntas y pocas o nulas las respuestas. Si acaso los análisis teóricos han encontrado sus límites en exhibir las deficiencias, contradicciones y saldos negativos del neoliberalismo.

El populismo como nuevo fenómeno político ha tomado por sorpresa a la ciencia política contemporánea, la respuesta intelectual también ha sido lenta. Michel Walzer advierte sobre la ausencia de una agenda teórica  que dé luz para iluminar la oscura realidad política de la sociedad en cambio: El populismo actual es una política que ha sido posible gracias a la austeridad y a la negligencia, y que se ha beneficiado de la indiferencia, propia del neoliberalismo, hacia los hombres y las mujeres en apuros.

Los demagogos populistas aseguran que mejorarán las condiciones de esas personas, pero como no hacen nada por alterar las relaciones de poder de la economía neoliberal, no hay mejoría genuina. No obstante, el populismo puede tener una eficacia aterradora para degradar a los supuestos enemigos del pueblo (2017: 10).

Existe una obligación ética de discutir el Estado del futuro que nos permita generar respuestas para que a los ciudadanos y sociedad en general se les garantice los derechos humanos individuales y sociales.

Comunicación con Perspectiva de Género

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