Este trabajo describe el contexto de las remesas en México los últimos cinco años y presenta datos generales sobre los ingresos de familias receptoras y el uso de estos recursos en los principales estados de la república mexicana; analiza los programas gubernamentales que apoyan el desarrollo de los municipios con mayor número de migrantes y compara los programas 3×1 para Migrantes, FIDEREZA en Jalisco; el crédito para migrantes de la SHF, y Remesas Productivas en Durango, así como algunos proyectos de organismos no gubernamentales que crean alianzas entre los diferentes sectores de la población para promover la inversión productiva y generar empleo, educación e infraestructura en sus comunidades.
El contexto general de las remesas en México.
En el 2013, alrededor de 12 millones de mexicanos residían en los Estados Unidos de América por motivos laborales (SEGOB, 2014). México se colocó en el cuarto lugar mundial de los países receptores de remesas con el 4% del total de remesas globales, después de India (12.9%), China (11.9%) y Filipinas (4.7%).
Las remesas tienen un impacto significativo en la economía mexicana; según el Banco de México (2009), en el año 2000 el monto total de las remesas fue de 15 mil 40.7 millones de dólares, para el 2013 el ingreso ascendió a 21 mil 892.38 millones de dólares, lo que evidencia la importancia que han cobrado estos recursos para la economía del país, como se muestra en la Gráfica 1.
En los últimos cinco años, las remesas se han mantenido por encima de los 20 mil millones de dólares, con tendencias a la baja después del 2012.
El impacto de las remesas en el desarrollo económico regional aún está en debate. Las instituciones gubernamentales centran su atención cada vez más en el diseño de políticas que permitan canalizar estos recursos a la inversión en infraestructura y en el desarrollo de actividades productivas generadoras de empleo en las comunidades de origen, lo que permitiría reducir las presiones migratorias (CONAPO, 2005). Para la academia el crecimiento económico local está en duda porque la mayoría de los productos que se consumen no se producen localmente (Jiménez, 2010:3).
Existen varios programas en México para mejorar la calidad del uso de las remesas: el Programa 3×1 para Migrantes de la SEDESOL; el Programa de Vivienda con Créditos Hipotecarios; el Programa de Remesas Productivas en Durango y el Programa FIDERAZA del gobierno del estado de Jalisco (CESOP, 2004).
En el análisis de estos programas es necesario cuestionar sus resultados y el impacto real sobre la población receptora de remesas dentro de cada entidad federativa.
Es importante destacar que en las nueve regiones con alto nivel de migración internacional, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Colima, Nayarit, Aguascalientes, San Luis Potosí y Durango, la economía ha tenido un crecimiento por la absorción de remesas pero con serias diferencias entre las propias comunidades (Lozano, 2005:5).
A pesar de que las remesas cubren una parte importante de la economía, los migrantes y sus recursos no deben suplir las responsabilidades que le corresponden al Estado mexicano (García, 2010: 288).
Los programas gubernamentales no han tenido el éxito esperado por distintas causas, entre ellas que el propio Estado omite la importancia del desarrollo local en las principales comunidades receptoras de remesas.
Además de que las regiones de México con menores niveles de ingreso per cápita no son necesariamente las regiones que más remesas reciben y este ingreso debe entenderse como complemento y no como sustituto de políticas nacionales en materia de reducción de la pobreza y la desigualdad (García, 2010:289).
Las remesas transfieren parte del salario de los migrantes a sus familias en México; son un fondo salarial de origen externo que sustituye el papel que en los demás hogares tienen las remuneraciones al trabajo (Canales: 8). Es indispensable la creación de políticas públicas para el desarrollo local de estas regiones porque las tendencias al despoblamiento en los próximos años van en aumento y la cantidad de remesas que reciben estas regiones puede caer en un porcentaje elevado.
Como puede observarse en la Gráfica 2, 79% del monto de las remesas que reciben los familia res se ocupa en necesidades básicas como un salario regular.
Para mejorar la inversión de estos recursos económicos el gobierno ha creado varios programas que alientan el uso de las remesas en proyectos dentro de las comunidades.
A pesar del esfuerzo estos programas no han tenido un impacto real a largo plazo en el desarrollo económico de las regiones por desconocimiento de los programas; debilidad organizativa; poca participación de las comunidades beneficiadas; mal manejo de información; presupuesto federal limitado; politización de los programas; irregularidades administrativas; falta de supervisión adecuada; a lo que se agrega la manipulación de los contratos de inversión que hacen los gobiernos estatales y municipales a favor de algunos constructores (García, 2007:4).
Esta situación hace dudar de los objetivos de los programas gubernamentales y, por ende, pone en duda también la calidad de los resultados que se podrían esperar en las regiones meta.
La falta de desarrollo local en las regiones con alta recepción de remesas, consecuencia del mal manejo de los recursos económicos individuales, colectivos y del Estado, incrementa el despoblamiento de las comunidades y ponen en riesgo la economía nacional.
Además de que los programas gubernamentales no han cumplido con el objetivo de canalizar los recursos económicos que generan las remesas al desarrollo local de las principales regiones con alto nivel de migración, también inciden en las discrepancias que se presentan entre los planes del Estado y el núcleo familiar sobre la Finalidad de las remesas recibidas.
Inicio de programas gubernamentales que apoyan el uso de remesas.
Desde mediados del siglo pasado los migrantes han tenido la oportunidad de formar organizaciones informales para mejorar sus comunidades y proponer cambios en su entorno.
En 1962 salió la inquietud (en Los Ángeles, Ca.) y nos juntamos un grupo de personas de allá del pueblo con el propósito de poner el agua potable, que era muy necesaria. Ese grupito empezamos a reunirnos y hacer Fiestecitas en las casas, y empezamos a apoyar y se logró el agua.
De ahí les dije: bueno, ¿Por qué no nos unificamos y formamos un club en forma? De ahí surgió el Club Social Guadalupe Victoria; así se llama el pueblito de Zacatecas… (Rivera-Salgado y Escala, 2002: 185).
Desde el principio los migrantes buscan apoyar a su comunidad canalizando remesas colectivas hacia las personas más necesitadas así como a la Iglesia y a otras instituciones de naturaleza social comunitaria. Son acciones esporádicas, escasas, poco formales e invisibles para la sociedad en su conjunto y el Estado (Moctezuma y Pérez, 2006:127).
En los diferentes estados del país están presente tanto la actividad económica de las remesas como el interés de los migrantes por ayudar a su comunidad y realizar un plan estratégico a favor de ciertos objetivos.
Por muchos años el Estado ignoró la cantidad de remesas que se recibían anualmente y sus posibilidades para el desarrollo local, pero después notó el crecimiento de clubes de migrantes y su involucramiento a favor de la gente.
En 1986 los migrantes convinieron con el Gobernador de Zacatecas Genaro Borrego Estrada en realizar obras para sus comunidades aportando sumas iguales por ambas partes; este acuerdo se formalizó con el Programa Dos por Uno en el año de 1993. Después con el Programa 3×1 se incluyó al gobierno municipal en 1999, y por iniciativa zacatecana el programa adquiere carácter nacional en el año 2002.
A partir de este acuerdo se pone en práctica una serie de ideas que unen los propósitos del Estado con la de los migrantes y se aplican partes del presupuesto de los impuestos y de las remesas para concluir obras públicas en beneficio de todos.
Como las remesas ocupan el segundo lugar de importancia en los ingresos de la economía nacional, es probable que el Estado haya tomado esto en cuenta en el momento de poner en marcha los programas y para establecer acuerdos con los migrantes en distintos estados de la república mexicana.
El Programa 3×1 para migrantes.
Como se mencionó, el programa de Iniciativa Ciudadana Tres por Uno tiene su origen en el estado de Zacatecas. En Guerrero, en 1991, el gobierno del estado firma el “Acuerdo para la promoción de comités mixtos para la ejecución de obras y servicios públicos con la participación de guerrerenses que permanentemente o temporalmente residen en el exterior”.
Con estos indicios, en 2002 en el gobierno de Vicente Fox se crea el Programa Iniciativa Ciudadana a nivel nacional; al frente está la SEDESOL. El programa tiene la finalidad de “mejorar los niveles de bienestar de los mexicanos, acrecentar la equidad y las oportunidades, impulsar la iniciativa individual y colectiva y ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza ciudadana en las instituciones y fortalecer el tejido social” (Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006).
Entre los principales conflictos que tuvo el programa a nivel nacional estuvieron los de sus objetivos y sus bases porque fue perdiendo su esencia, se tomaron donaciones fuera de las remesas y se presentaron actores que no eran migrantes.
Por eso actualmente retomó el carácter que llevó a formar el programa y regresa con ese nombre. Son cuatro actores los que participan en el Programa 3×1: Los grupos migrantes, el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal; cada parte aporta 25 por ciento del monto total de la obra (Soto, 2006:228).
El organismo encargado de su operación es la Secretaría de Desarrollo Social y tiene cobertura en las 32 entidades federativas. La población objetivo la constituyen personas que habitan en las comunidades de origen u otras localidades que los migrantes deciden apoyar y presentan condiciones de pobreza, rezago o marginación (SEDESOL, 2008).
Entre los apoyos que brinda el programa están proyectos de infraestructura, equipamiento, servicios comunitarios, educación, salud, transporte, agua potable, drenaje, electrificación, comunicaciones, caminos, carreteras, cultura, recreación, mejoramiento urbano, proyectos de servicio social comunitario.
Con base en esta información podemos concluir que los objetivos gubernamentales son limitados y deben concordar con el plan de desarrollo sexenal. Habría que preguntarnos si el plan del Estado es el mismo que los migrantes tienen para desarrollo familiar o comunitario y en donde desean invertir sus ingresos.
En 2010 el Programa contó con inversiones de los estados y municipios participantes y con recursos de los clubes de migrantes. Como se puede observar en la Gráfica 3, el gobierno incrementó visiblemente su presupuesto federal en el Programa después del año 2007.
En 2013, según el Informe Trimestral de la SEDESOL, el Programa contó con un presupuesto anual modificado de 488.340 millones de pesos; se aprobaron 2056 proyectos que beneficiaron a 1174 comunidades localizadas en 580 municipios de 28 entidades federativas; todo esto en colaboración con 685 clubes de migrantes (SEDESOL, 2014).
Los principales problemas que indican las evaluaciones de los programas son: Los beneficiarios no se involucran lo suficiente; los recursos de las delegaciones de la SEDESOL no permiten dar oportuno seguimiento a las obras, y el mantenimiento de las obras es insuficiente por falta de recursos y capacidades de los municipios.
Algunos autores agregan la falta de confianza en las entidades gubernamentales en relación con la legalidad de sus programas, lo cual debilita su credibilidad y disminuye las probabilidades de crecimiento del Programa.
Agregan también que hay ideas divergentes entre el Estado y la población, donde los intereses pueden desviar la continuidad de los proyectos.
En relación con la opinión pública, en una encuesta que aplicó la revista Este País a la población, el Programa 3×1 resultó el peor calificado, con 26.19 de calificación, correspondiente al lugar 121.
Como deficiencias generales de este grupo se han señalado: Dificultades para demostrar el cumplimiento de metas por su mal diseño y problemas de operación (Campos, 2010). Uno de los problemas principales del programa es su falta de sistematización y continuidad a nivel nacional y estatal.
Remesas Productivas en Durango.
En marzo del 2009 se puso en marcha el Programa de Remesas Productivas en Durango con el primer proyecto inaugurado por el gobernador del estado, Ismael Hernández Deraz.
Este programa enfatiza la creación de empresas. El estado de Durango recibe en promedio un millón de dólares al día, lo que representan solo 1.6% del total de remesas que ingresan al país.
El principal objetivo de este programa es reorientar el envío y aprovechamiento de las remesas para hacerlas productivas y que sean un instrumento que le permita al beneficiario generar ingresos propios en el corto, mediano y largo plazo.
Dentro de las posibilidades que otorga el programa está la inversión en una tienda; recibir capacitación; instalar un negocio; invertir en la infraestructura industrial de Durango; asociarse con un paisano; hacer negocios con productos duranguenses; adquirir una franquicia u obtener productos en especie, como certificados de educación, bonos de salud y certificados para construcción.
FIDEREZA en Jalisco.
El programa se crea en 1986 con el fin de proporcionar seguridad económica a los migrantes en el momento de enviar dinero a su familia y para proteger sus ingresos salariales.
Tiene como objetivos fomentar y promover en el desarrollo del estado la captación de recursos provenientes de los ingresos generados por los trabajadores de origen jalisciense que laboran en los Estados Unidos de América, recursos que serán invertidos en proyectos de producción en las comunidades de donde sean originarios los trabajadores (gobierno de Jalisco).
“La idea básica de cómo funciona este proyecto es que los bancos o agencias intermediarias aportan al fondo un pequeño porcentaje de sus utilidades por el envío de remesas, operado dentro de cada estado mexicano” (Gonzales, 2009:164).
El crédito para migrantes de la SHF.
El programa del gobierno federal de la Sociedad Hipotecaria Federal es un financiamiento para que los migrantes que viven en el extranjero puedan comprar una casa sin importar su condición migratoria (SHF, 2010).
Estos créditos tienen como antecedente el programa Invierte en México, donde empresas mexicanas otorgaban créditos hipotecarios para los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos para que adquieran viviendas para sus familiares en México, así como opciones para construcción y remodelación de viviendas.
Con este programa, en el año 2004 se aprobaron 1112 proyectos, que implicaron $557.6 millones de pesos. El programa SHF es operado por tres intermediarios financieros privados con el apoyo de SHF: Su Casita, Hipotecaria Nacional y Crédito Inmobiliario-Terras. CONAFOVI y BANSEFI están a la par del programa. Como organismos multilaterales se encuentran el IME, BID y el BM.
Organismos no gubernamentales.
Los programas creados por el gobierno para promover el desarrollo local no han tenido el crecimiento esperado a lo largo de los años. Es aquí donde el esquema de remesas colectivas entre migrantes y autoridades mexicanas incorpora recientemente un nuevo socio: El sector privado (Flores, 2008:2).
El Programa Cuatro por Uno para Migrantes comienza en el estado de Zacatecas en 2005, involucrando al sector privado con la empresa First Data Corporation. Se firma un acuerdo entre la gobernadora Amalia García, el director de la empresa, Charlie Fote, y Efraín Jiménez Muñoz, director de la Federación de Clubes Zacatecanos del Club de California.
El aporte total es de hasta un millón 250 mil dólares en el estado de Zacatecas. En el 2006 Western Unión entra al programa Cuatro por Uno en el estado de Michoacán, con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel y Christina Gold.
Todos firman un acuerdo con las asociaciones de ciudades de origen mexicano en Chicago y contribuyen con un total de 1.25 millones de dólares.
El programa se apoya en tres estrategias. Primero, el programa pone énfasis en el desarrollo de microempresas y talleres para generar empleo como un primer paso para romper el ciclo perverso de desempleo-migración-desinversión.
La carencia de empleo formal y bien remunerado es una de las principales causas de la migración y esta, a su vez, desincentiva la inversión en nuevos negocios, la capacitación de personal, y la construcción de infraestructura.
Segundo, el programa canaliza recursos hacia becas para mantener a los estudiantes en la escuela desde temprana edad. La deserción escolar es un problema generalizado porque los niños deben encontrar trabajo para ayudar con el gasto familiar.
Las becas dan un ingreso a los estudiantes y la oportunidad de permanecer en la escuela en lugar de ayudar a sus padres con el gasto trabajando en la comunidad o migrando.
Las becas se otorgan a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria. Los dos principales criterios para otorgar las becas son necesidad económica y mérito académico.
Tercero, el programa incentiva la capacitación de la fuerza laboral a través del financiamiento de cursos en escuelas técnicas. Este tipo de capacitación tiene como meta equipar a los jóvenes con habilidades emprendedoras para motivarlos a comenzar su propio negocio y contribuir a su vez a la generación de empleo (gobierno de Zacatecas, 2005).
La empresa Western Union y el gobierno de Veracruz firmaron un acuerdo con la SEDESOL en el 2007 y han prestado servicios en conjunto a favor de objetivos comunes (SEDESOL, 2007)
Con diferentes proyectos se ha podido impulsar cierto desarrollo local, esto se ha planteado en conjunto entre intereses gubernamentales, privados y de los integrantes de comunidad.
El Programa Cuatro por Uno tiene el potencial de utilizar 5 millones de dólares en fondos para proyectos de desarrollo en México.
Conclusiones.
Los programas de apoyo a los migrantes han tenido un desarrollo considerable a través de los últimos años, principalmente el Programa 3×1, y se ha logrado un incremento del apoyo federal para proyectos en infraestructura local.
Las estrategias de los programas se enfocaban principalmente en la inversión de las remesas en el desarrollo local mediante la creación de empresas. Actualmente el programa ha puesto énfasis en el desarrollo de programas de infraestructura, sin embargo hay que tener en cuenta que las remesas siguen teniendo utilidad para cubrir las necesidades básicas de las familias de los migrantes.
El aumento del presupuesto del Programa 3×1 para Migrantes es un indicio del apoyo que otorga el gobierno federal a las remesas y de la importancia que tienen para el desarrollo de comunidades vulnerables.
En este año Ernesto Nemer Álvarez, subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL, informó que habrá modificaciones para el programa con el fin de “potencializar sus alcances”; agregó que “se tiene como meta incrementar la inversión en proyectos de infraestructura y productivos en las comunidades de origen de los mexicanos en el extranjero” (El Financiero, 2014).
En síntesis, los mexicanos siguen siendo el grupo con mayor presencia en los Estados Unidos de América; oficialmente la Oficina del Censo registró 11.6 millones de mexicanos en el 2013 y las remesas que envían son parte esencial de la economía del nuestro país.
Es responsabilidad de los programas federales y estatales y del asociacionismo de los migrantes que las remesas tengan un impacto positivo en el desarrollo de sus comunidades; gran parte del éxito de los programas corresponde al apoyo de los clubes para migrantes que han impulsado proyectos en su localidad.
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